27 agosto 2006

PASOS PRUDENTES O NO SE SABE A DONDE LLEGAR

Y el nuevo gobierno comenzó a marcar sus primeros pasos. En los primeros 30 días, la mayoría de ministros se han mostrado muy activos. La negociación con los mineros y el programa de agua para todos son los temas que más han destacado y también generado controversias. En lo que respecta a Educación, el nuevo ministro planteó, casi a media voz, dos temas en particular: la evaluación de los docentes y el requerimiento económico para un programa de alfabetización. En ninguno de los casos hubo reacción alguna. El magisterio aún está distraído con la juramentación de dos directivas para el Colegio de Profesores.

La presentación del Primer Ministro ante el Congreso da más elemento de juicio para visualizar la política educativa que emprenderá el segundo gobierno del APRA. De ella, destacamos lo siguiente:

1. El valor del deber. “Si todos cumplimos nuestra obligaciones el Perú empezará cambiar” es la propuesta fundamental. Sin embargo, el deber se conceptúa en la dimensión espiritual, moral y ética, de modo que los problemas en el país son producto de la degradación de los valores. Me pregunto, ?el Perú es un monasterio, un ashram o una sinagoga?. Los elegimos para que la mayoría de peruanos dejen de ser pobres, mejoren sus oportunidades para satisfacer sus necesidades vitales, vivan con dignidad de seres humanos.

2. La modernización del Estado. “Planteamos un Estado Promotor y Regulador” es la sentencia principal. Sin embargo, se pone el énfasis en el concepto de Estado como defensor de usuarios y consumidores y, por tanto, la promoción se reduce a la creación de comités de vigilancia ciudadana. Me pregunto, ?el Perú sólo es sólo un conjunto de usuarios y consumidores? ?Existen o no los productores? ?No es necesario la promoción de cada vez más productores? ?quién o quiénes son los llamados a impulsar el crecimiento de la riqueza nacional? Los elegimos no sólo para gastar lo acumulado en el periodo anterior sino para acelerar el crecimiento y fundamentalmente hacerlo sostenible.

3. Descentralización. El mes se septiembre será el mes de la descentralización porque se darán las primeras medidas para la transferencia de funciones y recursos a los gobiernos regionales y locales. De esta manera, el gobierno central reduce su capacidad ejecutoria (sectorial) y empieza a desarrollar su capacidad articuladora (intersectorial). Sin embargo, el único anuncio concreto es la puesta en marcha de un piloto en 50 distritos donde se transferirá la educación primaria. Al respecto, sólo basta recordar que en el actual marco legal de la descentralización educativa, que además es confuso e incompleto, la gestión educativa es una competencia compartida (?con quién?) de los gobiernos regionales[1]. En el mismo marco legal, a los gobiernos locales, también se les atribuye esta competencia compartida pero en calidad de “participación”[2] (?por qué el legislador habrá introducido esta distinción?)

4. Desarrollo humano y económico: una visión integral. “Las políticas de desarrollo económico que no tienen en cuenta que el objetivo fundamental del Estado es la persona humana, solo nos puede llevar a un mayor crecimiento de la brecha entre ricos y pobres…” Se plantea, por tanto, una acción equilibrada entre la promoción de las actividades económicas y la atención de las necesidades del desarrollo humano. Es un planteamiento desafiante que requiere una gran capacidad negociadora con los diversos actores tanto del interior como del exterior del país. Lo del interior puede ser manejable y hay indicios de fortalecer el Foro del Acuerdo Nacional. Pero, con los del exterior no es tan fácil.

5. El shock de inversiones. De un crédito suplementario para este a?o (1.936 millones de soles), se propone invertir 250 millones (13%) en 1.500 obras de mantenimiento, rehabilitaron y sustitución de aulas en riesgo y 1.014 módulos de mobiliario escolar. ?Habrá algo para el FONDEP?

6. Políticas sociales. La prioridad es superar la pobreza y reducir la brecha de inequidad y de exclusión de 13,5 millones de peruanos mediante el desarrollo de capacidades humanas. Por tanto, al Estado le corresponde asegurar las condiciones para conseguirlo. En ese marco se han fijado las siguientes metas:
a) Atención a los ni?os de 3 a 12 a?os.
- Ampliar la cobertura de la primera infancia hasta llegar al 69% de los ni?os de 3 a 5 a?os. Prioridad: área rural.
- Al 2007, incrementar de 9,6% a 15,0% el número de ni?os que comprendan un texto en segundo y sexto grado de primaria. Al 2011, se elevaría al 20%.
- Al 2011, reducir la desnutrición crónica infantil en 5 puntos porcentuales. Prioridad: escolares de primaria de áreas más pobres, particularmente rural.
b) Atención a los adultos mayores de 15 a?os sin educación formal.
- Reducir la tasa de analfabetismo por debajo del 4% en todo el país. Prioridad: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Y, también se anunciaron algunas medidas:
a) Estudiantes de Educación Básica
- Incremento de una hora en la jornada diaria
- Fortalecer los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.
- Plan piloto para capacitar a 5 millones de estudiantes sobre prácticas de vida saludable (Cuidad tu familia)
b) Estudiantes de Educación Superior
- Funcionamiento del sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad educativa de la educación superior.

El periodo gubernamental es un periodo relativamente corto que dura 5 a?os. Si se focaliza como prioridad la atención de los ni?os menores de 12 a?os, cuando concluya el mandato, estos ni?os estarán en camino a terminar la Educación Básica. Algo similar ocurrirá con los mayores de 15 a?os que son analfabetos, quienes en los próximos cinco a?os habrán logrado incorporarse a la primaria formal. Por tanto, la atención de estos grupos etarios, aún siendo muy importantes, definen más las políticas de largo plazo y difícilmente se podrá apreciar su incidencia en el periodo en el desarrollo económico y en el desarrollo humano.

Desde la perspectiva planteada, llama mucho la atención por qué no se ha priorizado a la gran población de jóvenes que habiendo concluido la Educación Básica no tienen posibilidades reales (económicas y de vacantes) para seguir estudios superiores; pero que necesitan descubrir y potenciar sus competencias laborales e ingresar en el creciente mercado laboral que empezará a dinamizarse cuando se inicien los nuevos proyectos de inversión productiva.

La competitividad y productividad del aparato económico de un país va de la mano con la modernización tecnológica de los procesos productivos y gerenciales así como de contar con trabajadores más calificados. Los esfuerzos que se propone emprender el gobierno para promover la competitividad y la productividad serán muy limitados si se continúa con una Formación Profesional (básica, media y superior) caótica. El camino mercantilista en que ha derivado la promoción de la inversión privada en educación, sólo ha profundizado la desarticulación entre oferta y demanda formativa para el desarrollo económico y la baja calidad de la oferta. Es urgente un ordenamiento y cambios profundos en el paradigma organizativo y pedagógico de la Formación Profesional. Este es el escenario donde se requiere una política intersectorial: producción, empleo y formación.

La evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior tal como está planteada en la ley actual sólo dirige su mirada a la calidad de la oferta. El problema de la Educación Superior no sólo es de calidad sino fundamentalmente de pertinencia. La inversión estatal y privada sostiene carreras tradicionales que el desarrollo nacional hace mucho tiempo dejó de necesitar. Por ello, con justa razón se afirma que la educación superior es un frente formador de aspirantes a empleados y desocupados. Más aún, los centros de educación superior, con algunas excepciones, casi han abandonado la investigación científica y tecnológica y la extensión y proyección social para convertirse en centros de empleo para aquellos profesionales desocupados que ense?an lo que no saben hacer.

No hay que perder las esperanzas. A partir de septiembre, el gobierno central va a pasar la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales. Casi todos ya han avanzado con sus Planes estratégicos de desarrollo regional y sus Proyectos Educativos. Ahora van a contar con recursos económicos. Lo que les falta con urgencia es contar con personal altamente competente para la gestión de proyectos de inversión económica y social. En ese sentido, las actuales autoridades regionales y locales tendrán que pensar bien que hacen con el actual personal administrativo (gerontocrático, burocrático y de mentalidad centralista) que tienen en sus abultadas planillas. La reconversión laboral es una alternativa en la que nadie cree. El reemplazo progresivo es otra alternativa pero que es muy lenta. Dada las urgencias habría que imaginarse un sistema laboral parecido al presupuesto por producto.

Mientras tanto, seguiremos esperando la política educativa que planteará en algún momento el nuevo ministro de Educación.
[1] Artículo 36 de la Ley de Bases de la Descentralización, N? 27783.
[2] Artículo 43 de la Ley de Bases de la Descentralización, N? 27783.